El Control Social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados para la correcta utilización de los recursos y bienes públicos. (artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015).
Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y que estén encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Para conocer más información sobre el funcionamiento de las veedurías, ver la Ley 850 de 2003.
Modalidades para el Control Social
Observatorios Ciudadanos
El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, hace presencia en las mesas de pactos de los Observatorios Ciudadanos de la Veeduría Distrital, conformados por grupos de ciudadanos y ciudadanas que realizan ejercicios del control social para mejorar la gestión pública distrital mediante el reporte de resultados e indicadores básicos de gestión de las entidades de acuerdo a su misionalidad.
Informes interventorías o supervisión: Hasta el momento no se han realizado veedurías ciudadanas a los contratos suscritos por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON
Acciones de mejora: Hasta el momento no se han realizado veedurías ciudadanas a los contratos suscritos por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRO
El Control Social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados para la correcta utilización de los recursos y bienes públicos. (artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015).
Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y que estén encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Para conocer más información sobre el funcionamiento de las veedurías, ver la Ley 850 de 2003.
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El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, hace presencia en las mesas de pactos de los Observatorios Ciudadanos de la Veeduría Distrital, conformados por grupos de ciudadanos y ciudadanas que realizan ejercicios del control social para mejorar la gestión pública distrital mediante el reporte de resultados e indicadores básicos de gestión de las entidades de acuerdo a su misionalidad.
Informes interventorías o supervisión: Hasta el momento no se han realizado veedurías ciudadanas a los contratos suscritos por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON
Acciones de mejora: Hasta el momento no se han realizado veedurías ciudadanas a los contratos suscritos por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRO
El Control Social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados para la correcta utilización de los recursos y bienes públicos. (artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015).
Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y que estén encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Para conocer más información sobre el funcionamiento de las veedurías, ver la Ley 850 de 2003.
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